BOLIVIA

Bolivia presentó el material represivo enviado por Argentina: “Está penado con 30 años de prisión”

Desde Ecuador también se habrían suministrado materiales antidisturbios.
lunes, 19 de julio de 2021 · 11:09

El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Eduardo del Castillo, presentó parte del material represivo enviado irregularmente por Argentina en el contexto del golpe de Estado contra el expresidente boliviano Evo Morales, en 2019. En consecuencia, las autoridades denunciaron un plan continental para derrocar al exmandatario.

El funcionario del país sudamericano explicó que el 13 de noviembre de 2019, cuando Mauricio Macri era presidente de Argentina, llegaron dos tipos de materiales a suelo boliviano. “Uno de manera legal que fue autorizado con nota previa en Cancillería para brindar seguridad a la Embajada de Argentina, y otro con armamento antidisturbios no autorizado, debido a que no cuenta con ningún tipo de registro formal ni ha seguido los procedimientos establecidos en la Ley 400”, explicó Del Castillo.

El ministro, acompañado por el actual embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, detalló que a la Policía boliviana se le entregaron de manera irregular, sin ningún tipo de documentación, “cerca de 27.000 cartuchos de perdigón de goma, 28 gases de aerosol MK-4, 19 gases de aerosol MK-9 4, 55 granadas CN, 53 granadas de gas H y 19 granadas de gas CS”.

Como estas cantidades no coinciden con las detalladas por el entonces comandante de la Fuerza Aérea, el general Jorge Terceros, en la nota de agradecimiento que envió a la delegación argentina el 13 de noviembre, las autoridades bolivianas afirman que esto hace presumir que “las Fuerzas Armadas recibieron más material”.

El ministro fue contundente: el delito en el que incurrieron el ex comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, el general Jorge Terceros, el ex comandante general de la Policía boliviana, el general Vladimir Yury Calderón, y el exembajador argentino Normando Álvarez García fue tráfico ilícito de armas.

“Esto en nuestro país está penado con 30 años de prisión sin derecho a indulto”, si el tráfico lo realiza personal de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, indicó Del Castillo. Para cualquiera que sea cómplice, las penas son de 10 años de prisión, explicó.

Del Castillo indicó que hay “un faltante que aún se encuentra en investigación y que vamos a determinar si fueron utilizados en las masacres de Senkata y Sacaba”.

 

Las denuncias llegan hasta Estados Unidos

Antes de presentar el material bélico brindado por Argentina y Ecuador, el funcionario boliviano trazó una línea de tiempo en los meses que precedieron al golpe de Estado. Marcó al 24 de julio de 2019 como la fecha clave.

Ese día, el entonces “subsecretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos para asuntos del hemisferio occidental, Kevin O’Reilly, de la Administración de Donald Trump, llegó a Bolivia y se reunió con personeros de las Embajadas de Perú, Argentina, Brasil, la OEA (Organización de Estados Americanos) y la Unión Europea”, indicó.

“Este señor empezó a insinuar la posibilidad de fraude en Bolivia sin pruebas”, sostuvo Del Castillo y continuó: “Ya se estarían marcando los hechos y la hoja de ruta en Bolivia respecto de las elecciones que sucederían en octubre de 2019”. El 20 de octubre, el mismo día de los comicios, la oposición denunció fraude y al día siguiente comenzaron las protestas, recordó el ministro.

“Podemos ver que existía un plan continental para reprimir al pueblo boliviano, no solo pidiendo apoyo de material antidisturbios a Argentina y a Ecuador, sino que este plan ya venía organizado desde el 24 de julio”, denunció y sentenció: “Esto exhibe a la comunidad internacional y al pueblo boliviano que ya se tenía un manual para un presunto golpe de Estado en nuestro país”.

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